La ambigüedad con la que está planteado el proyecto oficial para una ley nacional de protección de los humedales y el feroz lobby de un seudoambientalismo declamado y delimitado en el centro del país, puso en alerta al sector empresario minero, desde donde, sin medias tintas, afirman que la actividad puede frenarse con la iniciativa que está en discusión en la Cámara de Diputados de Nación.
En otras palabras, está en peligro el incipiente desarrollo social y económico que empieza a reconocerse en Salta a través de la minería y la gran oportunidad que representa como una salida a la histórica postergación de una de las provincias más pobres de Argentina.
El proyecto de ley, presentado por el diputado bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos), define a los humedales como «aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos». Específica, además, en una nota al pie, que son «superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas».
Planteado así, están incluidos en la propuesta legislativa los salares donde se extrae litio. El primer problema que advierten los empresarios no es que se quiera cuidar a esos reservorios de agua (lo que ya está asegurado con las regulaciones provinciales, que son las que están a cargo constitucionalmente de sus recursos naturales), sino que se plantea un inventario de humedales a cargo de un organismo nacional, que es el que autorizará o no la actividad productiva sobre los mismos (otro avasallamiento a las soberanías provinciales). Ese relevamiento debería durar un año, con lo que literalmente se paralizarían todos los proyectos de litio en Salta. También, por ejemplo en Jujuy y Catamarca, donde hay en producción de plantas literas.
El plazo para el primer inventario ya es dudoso. La experiencia marca que, por ejemplo, se instruyó lo mismo con la ley nacional de protección de glaciares, hace 12 años, y todavía no se terminó. O se puede citar otro fracaso similar con la ley de bosques, cuyo relevamiento en Salta puso en un mapa a árboles sobre cuerpos de agua, para nombrar alguno de los graves errores. Esa última normativa es icónica en la provincia en cuanto a la frustración que produce su aplicación, porque demostró que frenó el desarrollo productivo agropecuario y no termina por proteger de manera efectiva el medioambiente.»Estamos muy preocupados», dijo a El Tribuno Fernanda Fraga, vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta.
Fuente: El Tribuno
